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MARCHA POLÉMICA

“Retención ilegal” en Córdoba

El 5 de marzo, cuarenta senderistas de la plataforma “A Desalambrar” fueron encerrados en una finca durante una hora y media.

Miércoles, 22 de Marzo de 2006 - Actualizado a las 12:18h.

Algunos de los senderistas encerrados en La Armenta.<br>Foto: A DesalambrarAlgunos de los senderistas encerrados en La Armenta.
Foto: A Desalambrar

En 2001 nació la plataforma A Desalambrar, integrada por senderistas, ciclistas y ecologistas de diferentes asociaciones, como Ecologistas en Acción, Plataforma “Carril Bicia” o “Amigos de la Marcha”. Su principal objetivo es proteger los caminos de la sierra de la usurpación causada por los cotos de caza, las obras públicas y las parcelaciones. Para lograrlo, realizan marchas, manifestaciones y concentraciones.

En una de estas marchas, cuarenta senderistas, siete de ellos menores, se vieron sorprendidos al intentar regresar por una finca que habían atravesado a la ida y encontrársela a la vuelta cerrada con un candado. La finca en cuestión se llama La Armenta, y está situada en la barriada de Cerro Muriano, dentro del término municipal de Córdoba. Según la plataforma, el camino que atravesaban es público y así lo recoge el catastro; pero para el propietario de la finca, es privado. El problema para demostrar quién tiene razón, es que el último catastro con el que cuenta el Ayuntamiento de Córdoba data del año 1984.

El 5 de marzo, los senderistas iniciaron su marcha en el Muriano, bajaron por la Cañada Real Soriana, y su primera parada fue en la entrada de la Vereda de la Piedra Escrita, en la finca de Villa Alicia. Esta es una vereda pecuaria, aunque sin clasificar, además de ser un camino público, según el catastro de los años 50. Al encontrársela totalmente vallada, y con vegetación que impedía el paso, la limpiaron.

Hora y media encerrados

Cartel de la plataforma "A Desalambrar".<br>Foto:  A DesalambrarCartel de la plataforma "A Desalambrar".
Foto: A Desalambrar

Después, continuaron hacia La Armenta, una finca que, según la plataforma, lleva muchísimos años queriéndose apropiar de todos los caminos y veredas que pasan por su terreno. Así que se abrieron paso y la atravesaron tras hablar con los guardas de la finca, quienes no les prohibieron seguir. Al volver, fue cuando descubrieron sorprendidos que no podían salir de la finca, y que un candado les cerraba el paso.

Finalmente, tras una hora y media retenidos contra su voluntad, llegaron los agentes de la Guardia Civil y la Policía Local y los sacaron. "A Desalambrar" sostiene que muchos de los dueños de las fincas que impiden que se acceda a los caminos "se jactan de ello y la autoridad no se preocupa de defender lo público". Según los datos que tiene esta organización, Córdoba es la provincia andaluza que cuenta con más metros de vías pecuarias, cauces y caminos públicos: más de 1.300 kilómetros. "El 80% están cerrados y casi un 90% lo están en alguna parte de su recorrido", afirmó Bartolomé Olivares, portavoz de la plataforma.

Denuncias anteriores

Los excursionistas hablando con los guardas de La Armenta.<br>Foto: A DesalambrarLos excursionistas hablando con los guardas de La Armenta.
Foto: A Desalambrar

Esta no es la primera vez que "A Desalambrar" tiene un conflicto con el propietario de La Armenta. Hace tres años, el dueño llevó a los tribunales a Olivares, acusado de haber roto un candado en la misma finca para poder entrar en otra marcha reivindicativa celebrada en octubre del año 2003, pero el juez absolvió a Olivares al no encontrar elementos que probaran su participación en los hechos.

Quizá por eso, esta vez, el dueño grabó todo el rato a los senderistas encerrados, y les incitó a romper el candado, con la esperanza de recoger el hecho con su cámara y tener pruebas para volver a denunciarlos. "El domingo quería una prueba visual", dijo ayer Olivares, quien ahora, junto al actual coordinador de la plataforma, Patrick Philpott, acusa al propietario de la finca de una supuesta "retención ilegal". Los hechos los denunciaron el mismo domingo en el cuartel de la Guardia Civil de Cerro Muriano. La denuncia también incluye "la ocupación ilegal de un camino público".

Ahora, todo está en manos de la Justicia, que será quien decida si el camino es público o no y si hubo retención ilegal o allanamiento.

Fuente: elpaís.es y "A Desalambrar"

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